Evolución histórica del Concurso de Acreedores.

Antes de la actual regulación, es decir la Ley 22/2003 del 9 de julio, la regulación que existía hacía una distinción doble: primero entre personas físicas y jurídicas, y segundo, entre estados de insolvencia transitoria y definitiva. Es decir que existían los siguientes procedimientos:

1. Para una insolvencia transitoria de una persona física, se realizaba un procedimiento de: Quita y Espera
2. Para una insolvencia definitiva de una persona física, se realizaba un procedimiento de: Concurso de Acreedores
3. Insolvencia transitoria de una persona jurídica: Suspensión de Pagos
4. Insolvencia definitiva de una persona jurídica: Quiebra

Cada una de ellas tenía un procedimiento diferenciado y configurado en relación a la complejidad del patrimonio de cada uno. De esta manera, y sin generalizar, los procedimientos de personas físicas eran más sencillos que los de las personas jurídicas, cuyo patrimonio y documentación (en principio) eran mayores y más complejos.

Por otra parte, en los casos de insolvencia transitoria, la finalidad de estos procedimientos era intentar salvar la situación, mientras que en los definitivos,

El objetivo perseguido evidentemente era la liquidación ordenada del patrimonio.

Actualmente la regulación legal del Concurso de Acreedores se encuentra en la Ley 22/2003 del 9 de julio, Concursal, y posteriormente modificada por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, y también la Ley 38/2011, de 10 de octubre.

La última modificación significativa de esta Ley, fue introducida por la Ley 9/2015, de medidas urgentes en materia concursal que se publicó en el BOE el 26 de mayo de 2015 y entró en vigor al día siguiente y que modifica preceptos relativos al convenio, a la fase de liquidación, a la calificación del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los acuerdos de refinanciación, entre otros.

Tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley Concursal (Ley 22/2003 de 9 de julio) lo que persigue esta Ley es regular las pérdidas cuando alguien no puede hacer frente a las deudas. En el Concurso de Acreedores se intenta proteger más a los débiles, como los trabajadores de las mercantiles afectadas con deudas salariales, y se posterga e incluso se inhabilita a aquellos que han tenido influencia en la mala situación económica o que puedan beneficiarse del concurso, como por ejemplo los administradores de la mercantil.

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